La Justicia federal de Estados Unidos procesó en Puerto Rico a dos dominicanos acusados de contactar a víctimas a través de redes sociales, obtener imágenes de carácter sexual y extorsionarlas con amenazas contra sus familiares y amistades
Dos ciudadanos de República Dominicana fueron extraditados a Puerto Rico para responder por cargos de conspiración para acoso cibernético y amenazas interestatales, en un caso que investiga una presunta red de sextorsión.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico informó este viernes 9 de octubre que Patricia Joanna A. y Rineldys Feliciano D. fueron arrestados el 19 de agosto de 2026, tras una solicitud de las autoridades estadounidenses. Ambos llegaron a Puerto Rico el 30 de septiembre y comparecieron ante un tribunal federal al día siguiente.
Según los documentos judiciales citados por la Fiscalía federal, los acusados operaban desde territorio dominicano y utilizaban Facebook, WhatsApp y otras redes sociales para contactar a sus víctimas. La investigación sostiene que el esquema buscaba obtener dinero mediante la amenaza de divulgar contenido íntimo.
La acusación señala que Patricia empleaba su imagen para entablar contactos con personas en Puerto Rico y alentarlas a compartir fotografías o videos de carácter sexual. Ese material, de acuerdo con las autoridades, era grabado sin que las víctimas lo supieran.
Los investigados grababan material sexual de las víctimas sin su consentimiento para exigir pagos bajo amenaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía sostiene que hubo amenazas contra familiares y amigos de las víctimas
Después de obtener el material, Rineldys y otros presuntos integrantes de la trama exigían pagos bajo la amenaza de difundir las imágenes entre familiares, amistades y otros contactos de las víctimas, según el comunicado oficial.
Las autoridades indicaron que, en algunos episodios, los involucrados elaboraron montajes fotográficos. Esas imágenes combinaban contenido sexual de las víctimas con fotografías de menores de edad, con el objetivo de aparentar que las personas extorsionadas participaban en situaciones sexuales con niños o adolescentes.
La Fiscalía sostuvo que varias víctimas entregaron las sumas exigidas e incluso vaciaron sus cuentas bancarias, aunque los pagos no detuvieron las amenazas. Según la investigación, en ciertos casos el contenido íntimo fue divulgado entre contactos de las personas afectadas pese a que estas habían enviado dinero.
“El procesamiento de hoy deja claro que quienes exploten a las víctimas, sin importar dónde se escondan, serán identificados, perseguidos y deberán rendir cuentas”, afirmó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, en declaraciones incluidas en el comunicado.
Varias víctimas pagaron las sumas exigidas e incluso vaciaron sus cuentas bancarias sin evitar la difusión del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El FBI investigó el caso y pidió denunciar posibles extorsiones en línea
El agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan, Carlos R. Goris, señaló que la extorsión digital puede provocar consecuencias económicas y psicológicas para las víctimas.
Goris exhortó a las personas que sospechen haber sido blanco de este tipo de delitos a presentar una denuncia ante las autoridades. “Su denuncia ayudará a las fuerzas del orden a desarticular estas redes y evitará que otras personas se conviertan en víctimas”, señaló.
La causa fue investigada por el FBI en San Juan. También intervinieron la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el agregado jurídico del FBI en Santo Domingo, el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos y organismos de seguridad de República Dominicana.
Los implicados enfrentan un cargo de conspiración para cometer acoso cibernético y enviar amenazas interestatales, una figura contemplada en la sección 371 del título 18 del Código de Estados Unidos. El expediente está a cargo del fiscal federal auxiliar Julián Radzinschi, integrante de la División de Fraude Financiero y Corrupción Pública.
Si son declarados culpables, podrían recibir una pena máxima de cinco años de prisión. La eventual condena será determinada por un juez federal, que deberá considerar las directrices de sentencia y otros factores previstos por la legislación estadounidense.
